viernes, 27 de mayo de 2016

INDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL


El Índice de Desempeño Ambiental pinta de verde a los ricos

13 de mayo de 2016 - No. 259 - Año 2016
Roberto Bissio

Un índice de desempeño ambiental (Environmental Performance Index, EPI), que será lanzado el 9 de mayo en las Naciones Unidas, pretende alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero en realidad esconde el impacto de los patrones de consumo y producción insostenibles en el Norte, así como las contribuciones del Hemisferio Sur para el logro de los objetivos acordados internacionalmente.

El EPI (se encuentra disponible aquí), ahora en su 10ª edición, fue creado por el Centro Yale de Derecho y Política Ambiental en colaboración con el Foro Económico Mundial (Davos).
El informe de este año dice tener un “enfoque paralelo” a los ODS acordados internacionalmente en su “uso de métricas cuantitativas para evaluar el rendimiento de las políticas” y sostiene que “la alineación de los indicadores del EPI con los ODS proporciona una línea de base para evaluar el desempeño nacional y muestra qué tan lejos están los países de alcanzar los objetivos globales”.

Es significativo este lanzamiento en las Naciones Unidos en un momento en el que aún se discuten los indicadores que permitirán monitorear los ODS. Según el EPI, de los 180 países evaluados, los mejores resultados son para Finlandia, Islandia, Suecia y Dinamarca, mientras que Singapur es el único país en desarrollo entre los mejores 30. Alemania es el número 30, superado por Francia (10) y Estados Unidos (26). En el otro extremo, en el “tercio inferior del índice, compuesto en su mayoría por países africanos, hay una lista de países con problemas cuyas dificultades se extienden más allá de su incapacidad para mantener la salud ambiental y humana. Esta evaluación lleva a los autores a concluir que “el rendimiento en medio ambiente es un problema de gobernanza. Sólo los gobiernos que tienen un buen funcionamiento son capaces de gestionar el medio ambiente en beneficio de todos”.
Esta es una conclusión bastante sorprendente, ya que el EPI no incluye explícitamente ningún indicador de gobernanza, a diferencia de los ODS, que incluyen varios de estos indicadores en la Meta 16. Lo que el EPI evalúa está organizado en torno a nueve temas principales (salud, calidad del aire, agua y saneamiento, recursos hídricos, agricultura, silvicultura, pesca, biodiversidad y hábitat, y clima y energía). En cada una de estas áreas las “puntuaciones de los países (de 0 a 100) están determinadas por que tan cerca o lejos están de los objetivos, los cuales son seleccionados por los autores de acuerdos internacionales, umbrales científicos y por su propio análisis de los “que obtienen mejores resultados”.
Así, en el caso del clima, por ejemplo, ya que “no hay objetivos de reducción de CO2 acordados globalmente”, el EPI mide las mejoras en la intensidad de carbono. Como resultado, los contaminantes en exceso (Gran Bretaña, Dinamarca y Estados Unidos) aparecen como “sobre-cumplidores”, mientras que los que emiten muy poco año tras año han sido bajados de categoría. Las tendencias históricas sólo cuentan para medir el progreso, pero no se dice nada acerca de las responsabilidades acumuladas. Del mismo modo, la sección sobre la biodiversidad y el hábitat no mide la pérdida real de la biodiversidad, pero en su lugar la expansión de las áreas protegidas.

En el caso del agua, el objetivo del EPI es lograr el 100% de tratamiento de aguas residuales, lo que obviamente ubica a los países desarrollados en la parte superior. Tal vez este tipo de enfoque, que mide la capacidad de abordar un problema y no la contribución a la creación, explica la correlación de índices como el EPI con el ingreso per cápita. ¿No sería justo, para empezar, hacer algún reconocimiento a aquellos que producen menos residuos?

El índice parece razonable al excluir a los países sin litoral de la evaluación de las reservas marítimas, ya que de lo contrario se los estaría penalizando por no haber creado ninguna. Pero ¿por qué excluir a los países menos desarrollados de la evaluación del clima en lugar de acreditarles por la no emisión? ¿Estaría Bangladesh al final de la tabla (173 en el ranking de 180) si el daño climático creado por los demás fuese reconocido?

Podría ser de interés para comparar los enfoques entre los países con capacidades similares y averiguar por qué España rankea mejor que Francia. Sin embargo, la clasificación de todos los países, independientemente de sus capacidades y la medición de los esfuerzos para arreglar el desorden si no se reconoce a aquellos que ni siquiera puede permitirse el lujo de perder el recurso no es útil para resumir la sostenibilidad global. El mensaje básico del EPI a las Naciones Unidas parece ser que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen buenos desempeños ambientales, mientras que los países africanos están dañando la naturaleza.
¿Están Yale y el Foro Económico Mundial diciendo en realidad que los ricos contribuyen más a los ODS? ¿O el EPI encuentra culpables a los pobres solo porque no pueden permitirse costosas alfombras para barrer su pequeña suciedad debajo?

LIBRE COMERCIO

Libre comercio: retórica y práctica
27 de mayo de 2016 - No. 261 - Año 2016

Martin Khor

Muchos países desarrollados practican un doble rasero en materia de libre comercio: insisten en sus beneficios en áreas donde son fuertes, mientras aplican medidas proteccionistas en las que son débiles.
La agricultura es un claro ejemplo de esto. Si se pusiera en práctica el libre comercio, una gran parte del comercio agrícola mundial estaría dominado por los países en desarrollo más eficientes. Pero los principales países desarrollados consiguieron, durante décadas, una exención en ese sector.
Esta exención terminó en 1995, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), y se esperaba que los países desarrollados abrieran su agricultura a la competencia global. Pero el acuerdo agrícola de la OMC les permitió tener tanto aranceles altos como subsidios altos.
Los subsidios han permitido a sus agricultores vender sus productos a precios a menudo por debajo del costo de producción.
Esto tiene cuatro efectos negativos en los países en desarrollo: 1) no pueden penetrar en los mercados de los países ricos; 2) se ven privados de otros mercados debido a que Estados Unidos y Europa pueden exportar los mismos productos a precios artificialmente bajos; 3) mediante la exportación de un producto barato, el país desarrollado reduce la demanda de un producto competidor sustituto; y 4) estos productos baratos han entrado en muchos países en desarrollo afectando el sustento de sus agricultores.
En 2001, la OMC puso en marcha el Programa de Doha para el desarrollo, cuyo objetivo principal era la liberalización de la agricultura de los países desarrollados. Sin embargo, ahora Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, no tiene intención de concluir la Ronda de Doha.
Las futuras negociaciones de la OMC deben tener una nueva base, y no fundarse en textos existentes.
Chris Caballero analiza, en un artículo publicado el 12 de mayo en Agra Europe, por qué ahora Estados Unidos no puede aceptar el texto existente. Una reducción en el límite máximo de un tipo de subsidios permitidos lo habría obligado a aumentar en 58% otro tipo de subsidios no permitidos. Esto explica en parte por qué está dispuesto a alejarse de las fórmulas puestas sobre la mesa y negociar un nuevo enfoque.
Debido a sus poderosos grupos agrícolas de presión, Estados Unidos no va a cambiar sus políticas internas (incorporadas en la Ley Agrícola de 2014) para cumplir con los nuevos límites de la agenda de Doha sobre las subvenciones permitidas.
Dos décadas después de la creación de la OMC, los países desarrollados han continuado con un alto nivel de protección agrícola, mientras que los países en desarrollo no cuentan con los recursos para otorgar el mismo nivel de subsidios.
Para defender a sus agricultores y su seguridad alimentaria, a los países en desarrollo solo les queda aumentar los aranceles, para impedir la entrada de productos baratos y subvencionados. Pero los que firmen TLC con Estados Unidos y la Unión Europea deben reducir sus aranceles agrícolas a cero o a niveles muy bajos.

Martin Khor es director ejecutivo del Centro del Sur.

jueves, 26 de mayo de 2016

HABITAT III CIUDADES RESILIENTES

LA CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA EN LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES

11 MAY 2016 2016  DOMINIC KOTAS

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS Y EXTRACTO : pHd Arq. MANUEL DOVAL


La construcción de la resiliencia en las ciudades debería mejorar la calidad de vida de todos los residentes. Sin embargo, la planificación de la capacidad de recuperación, al igual que el desarrollo urbano, ha excluido previamente un subconjunto de toda la población urbana: los que viven en asentamientos informales. En realidad, los residentes de los asentamientos informales deben ser fundamentales para el fortalecimiento de la resiliencia local;  Estos asentamientos representan una parte significativa de la población urbana mundial y se enfrentan a vulnerabilidades únicas modeladas por las disparidades geográficas y basadas en recursos naturales. A nivel mundial, con la Agenda 2030 como marco, el debate se centra cada vez más en la resiliencia e inclusión de los asentamientos informales . ICLEI se acercó a los expertos que trabajan en este debate, pidiéndoles caracterizar los retos a los que se enfrentan las comunidades informales, junto con las medidas específicas que los gobiernos locales pueden emplear para mitigar los riesgos.


La realidad y la magnitud de la informalidad

La escala de los asentamientos informales es bastante clara - como son las implicaciones. Diane Archer, un investigador en el Grupo de Asentamientos Humanos en el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED), señala en un artículo para el Dhaka Tribune que "mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos informales que no tienen acceso al agua potable, el saneamiento , alojamiento seguro y otros servicios básicos ". Esto significa que aproximadamente una cuarta parte de la población urbana mundial recibe  servicios municipales inadecuados - o no tienen acceso a ellos en absoluto. Como explica Archer, "muchos gobiernos locales consideran que los asentamientos son ilegales y por lo tanto no proporcionan a los residentes la infraestructura básica de reducción del riesgo, tales como el drenaje y agua corriente." En África, estas cifras son más altas que el promedio global. Kerstin Sommer,  lider barrial de la  unidad de mejoramiento ONU-Hábitat, señala que " en Africa el 60 por ciento de la población urbana vive en barrios pobres ". Esto presenta un reto importante para las ciudades en esta región a medida que trabajan hacia una mayor capacidad de resiliencia inclusiva.

Los asentamientos informales no sólo carecen de los servicios básicos, sino  que también son altamente vulnerables a los desastres naturales y provocados por el hombre. Omar Siddique, especialista  senior de la Alianza de Ciudades, explica cómo "los pobres urbanos no tienen el lujo de elegir a el sitio de sus hogares" y se encuentran regularmente en las tierras bajas. Como resultado, los asentamientos informales "son propensos a tener un mayor riesgo de cualquier aumento del nivel del mar o de  episodios  de tormenta, como el barrio de West Point en Monrovia, Liberia o las áreas marginales relativamente nuevas a lo largo de los canales de Calcuta, India".

                   


Tampoco es sólo una cuestión de la vivienda, sino también de los medios de vida y la seguridad económica. Siddique explica que "los trabajadores pobres en muchas ciudades tienen más probabilidades de estar involucrados en actividades desarrolladas en espacios  a la intemperie no protegidos, lo que aumenta considerablemente su exposición a los cambios de temperatura y fenómenos extremos como olas de calor." Siddique también señala que " para algunos trabajadores, su lugar de trabajo se encuentra cerca de su casa, y es gravemente afectado por cualquier evento extremo, por ejemplo por los mercados locales o fábricas informales ".  Como Skye Dobson, Subgerente de Slum Dwellers International (SDI), escribe, "el tema de los asentamientos informales se reconoce cada vez más como un elemento central para la creación de ciudades resilientes y sostenibles." El desarrollo de la capacidad de recuperación en los asentamientos informales beneficia a la ciudad en su conjunto. Sommer explica que "los barrios pobres son un pilar económico, social y ambiental significativo de la ciudad. Mejorar los barrios marginales de toda la ciudad es el punto de partida para el desarrollo de la resiliencia de toda la ciudad además  de reducir la pobreza urbana ".

El camino a seguir

Entonces, ¿cuál es el mejor camino a seguir? Los expertos recomiendan algunas soluciones posibles, que van desde cambios en la política de tierras a los procesos de planificación altamente participativos. Siddique explica que "la seguridad de la tenencia para los pobres urbanos es un elemento esencial en la construcción de resiliencia comunitaria y la lucha contra las desigualdades urbanas. Si las mujeres y los hombres tienen seguridad en la tenencia de la tierra y la vivienda, son también más propensos a planificar el futuro e invertir en medidas de resiliencia. "Hacer frente a las vulnerabilidades in situ mediante" la adaptación de las viviendas existentes a las amenazas climáticas actuales y futuras es generalmente más simple y más efectivo que la reubicación de las comunidades ".  Los residentes en sí son también un recurso valioso. Tienen un profundo conocimiento de sus barrios y del impacto de los fenómenos extremos, y están, en consecuencia, en buena posición para mapear las vulnerabilidades y desarrollar soluciones innovadoras.

Dobson escribe que una iniciativa necesaria para el progreso es " reunir datos en los asentamientos informales sobre evaluación y seguimiento de la vulnerabilidad", y Archer explica, " el mapeo de riesgos por las comunidades locales que utilizan las tecnologías GPS simples se puede utilizar para planificar actividades de mejora. Estos mapas pueden abrir el diálogo entre los grupos de la comunidad y las autoridades locales para poner de relieve los riesgos particulares que deben abordarse como una prioridad por el gobierno de la ciudad. "
Archer sigue: "Más allá de esto, hay muchos casos de innovaciones dirigidas por la comunidad para abordar sus problemas de desarrollo. Muchos de estos enfoques que ofrecen ahora pueden ayudar a adaptarse al cambio climático - por ejemplo, el establecimiento de fondos rotatorios de préstamos a nivel de ciudad a cargo de grupos de la comunidad. Estos pueden ser usados ​​para financiar proyectos de infraestructura a pequeña escala que reduzcan la vulnerabilidad de las personas de riesgo, o como un sistema de seguros que les permite recuperarse más rápidamente después de un desastre. " Estas iniciativas demuestran cómo, según señala Dobson, el progreso es mejor conducido a través de " la construcción de la resiliencia mediante el  diálogo para que las comunidades organizadas y los gobiernos locales se encarguen de establecer y aplicar las prioridades ".
En última instancia, los gobiernos locales deben estar dispuestos a escuchar a las comunidades vulnerables y ofrecer apoyo tangible. Como Archer lo enmarca, " cuando los hogares y las comunidades organizadas toman por si mismos algunas medidas de adaptación, logran mucho más si cuentan con la ayuda de los gobiernos locales de apoyo."

Ciudades resisiletes 2016

Para avanzar en estas cuestiones, es importante que todos los interesados se reúnan y discutan las oportunidades de cooperación y los desafíos que se deben superar. Este año, uno de los temas principales del congreso de ciudades resilientes de ICLEI es "Desarrollo urbano inclusivo y resiliente", que ofrece una plataforma para el debate sobre las estructuras de gobierno, el compromiso con las comunidades informales,  y mejoras en la vivienda  y barrios marginales (…)”

viernes, 29 de abril de 2016

ALOJAMIENTOS PRECARIOS LATINOAMERICA

                       
América latina es un continente de más de 500 millones de personas, su sociedad es fuertemente dual, con baja proporción de clases medias y diferencias muy marcadas de pobreza y riqueza. En relación a la calidad de su urbanización, hay que partir de que los territorios no son homogéneos, presentando diferentes características, generalmente relacionados con su nivel de renta. Así no son lo mismo Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Quito, Sao Paulo o La Habana, o a escala regional, Centro America, Sudamérica o México. A su vez, dentro de las metrópolis existe una geografía de la precariedad, diferenciándose muy claramente centros y periferias.
En el informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” se señala que:
-América Latina y el Caribe reúnen casi un 80% de su población en áreas urbanas
-El crecimiento urbano ha dado lugar a áreas metropolitanas y megarregiones urbanas.
-Una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo generándose gran segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”.
-Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y con el 24% de la población urbana viven en tugurios.
-La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.
-La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.
En general, la mayoría del territorio urbano (mas de un 80%) está ocupado por áreas residenciales, y el paisaje de la periferia de las ciudades (tanto en Lima como en Bogotá o Caracas) está formado por asentamientos precarios (en cuanto viviendas autoconstruidas y tipo de desurbanización). Las invasiones (ocupaciones) marginales de Quito, (igual que las favelas en Brasil) previas a la urbanización, suelen ocupar las laderas de las montañas que rodean la metrópoli, y solo después de la legalización, en los casos en que se produce, se ubican los servicios. En América Latina lo público va detrás de lo privado y el Estado tiene menos influencia y presta menos servicios sociales que en Europa,(el porcentaje de impuestos es muy bajo, (10-15% de media) y los costes de urbanización son proporcionalmente altos.
Si se considera que en un área nueva el 35% del espacio puede estar ocupado por red viaria  y se tienen en cuenta los costes de urbanización se verá efectivamente que la repercusión de la urbanización, sin considerar mantenimiento, sobre el coste de la vivienda es muy alto, sobre todo en áreas de baja densidad, aumentando exponencialmente los costes de transporte y redes de servicios en función de la dispersión y alejamiento de los centros urbanos. Según se señala en el Informe citado de Naciones Unidas:
“La dispersión de las ciudades en el territorio plantea grandes desafíos para su gestión y sostenibilidad. La perdida de densidad significa el aumento de los costos de todas las infraestructuras y su mantenimiento. Las ciudades mas extensas requieren mas carreteras, mas tuberías, cables y mas sistemas de transporte, y hacen que disminuyan las economías de escala y las ventajas de aglomeración”.

                         Manuel Doval PhD arquitecto urbanista   Madrid 29 abril 2016







martes, 5 de junio de 2012

CIUDADES INTERMEDIAS

El cafe de las ciudades Marcelo Corti
Agenda 

Area metropolitana Santa Fe - Paraná



Santa Fe, capital de la provincia argentina que lleva su nombre, y Paraná, capital de Entre Ríos, son dos ciudades vecinas pero separadas por el poderoso río Paraná. Santa Fe es insular, rodeada de lagunas y ríos, vulnerable a la inundación; Paraná, asentada sobre la barranca, espera una revalorización del excepcional sistema de arroyos entre los que discurre su planta urbana. En términos de caracterización regional, hacia el norte de este par de ciudades comienza el Nordeste Argentino y hacia el sur, la Región Central; a su vez, del Paraná hacia el oeste se despliega la llanura pampeana y hacia el este las no menos fértiles cuchillas mesopotámicas. 
Ambas ciudades están vinculadas por el Túnel Subfluvial, inaugurado en 1969 y primera infraestructura conectora entre ambas márgenes del río. Las poblaciones de sus respectivas áreas metropolitanas sumaban unos 700.000 habitantes en 2001 (451.571 Santa Fe, 247.587 Paraná) y llegaron a más de 800.000 según datos provisorios de 2010. Como dato de referencia, la ciudad más importante de la región, Rosario, alcanzó 1.200.000 habitantes en 2010 (1.350.000 con su aglomeración metropolitana). Considerada como unidad metropolitana supra-provincial, Santa Fe - Paraná resulta una aglomeración urbana de población similar al Gran Mendoza (cuarta del país) y al par Resistencia - Corrientes.
La conformación metropolitana es un dato físico objetivo pero necesita, para significar algo, una voluntad política o al menos intelectual de considerar a las ciudades en su conjunto. En el caso de Santa Fe y Paraná, la conformación del Observatorio Urbanístico del Área Metropolitana Santa Fe-Paraná es una prueba de esa vocación en la instancia académica (Universidad Nacional del Litoral). En lo político, los intendentes de ambas ciudades acordaron recientemente conformar una agenda conjunta



Santa Fé


Precisamente, Agenda metropolitana Santa Fe - Paraná es el título del libro recientemente editado por la UNL y que reúne una compilación de textos a cargo de Mirta Soijet, Investigadora Responsable del Observatorio. Según Soijet, “ la agenda pretende ser un aporte a la gestión de políticas territoriales públicas en sistemas de ciudades donde las interacciones son de tal magnitud que bien puede hablarse de un área urbana integrada, con tendencia a funcionar como una unidad de desempeño”.


El capítulo introductorio de Josep Maria Llop Torne resulta especialmente instructivo sobre el carácter de “ciudades intermedias”. Para Llop, lo que define a una ciudad de esas características no es su dimensión (resulta significativo el giro lingüístico de “ciudad mediana” a “ciudad intermedia”) sino su rol de mediación con el territorio: “frente a las funciones de centralidad y singularidad de las grandes ciudades, las ciudades intermedias ofrecen otras, diversidad e intermediación, mucho más próximas a la realidad urbana integrada a sus territorios”. Superando la noción de Christaler de jerarquía de centros, estas ciudades adquieren sentido como nodos de articulación entre el territorio y el mundo globalizado.

El libro presenta una descripción muy completa del fenómeno metropolitano analizado. En el prólogo, Artemio Abba caracteriza a Santa Fe - Paraná como un sistema urbano interprovincial binuclear, en el que el alto grado de interjurisdiccionalidad y la fricción geográfica dificultan la gestión coordinada; “sin embargo”, sostiene, “a partir de los proyectos complementarios de interconexión vial y ferroviaria, el proceso asociativo se fue acelerando y resultó imprescindible incorporar el nivel metropolitano como una escala de conocimiento y gestión socioterritorial”.

En dos capítulos sucesivos, Mirta Soijet describe el marco geográfico, socio-demográfico y económico de ambas aglomeraciones, ensaya una delimitación del sistema, enumera antecedentes de planificación y aborda la cuestión de las infraestructuras de integración territorial, claves en cualquier conformación metropolitana y con especial importancia en este caso. Destaca en su análisis la necesidad de redefinir un nuevo sistema portuario, teniendo en cuenta la obsolescencia de los puertos existentes, la constitución de un mercado común por complementación de los ricos hinterlands productivos y la posibilidad de programar y proyectar grandes equipamientos compartidos por ambas aglomeraciones.




Paraná

Valeria Gramaglia y María Laura Visintini abordan luego el problema de la gestión de riesgos en el área, de especial importancia si se consideran los episodios de inundación ocurridos en la década pasada, en especial en Santa Fe. María Laura Bertuzzi y Mariana Melhem analizan y comparan los respectivos marcos normativos urbano-territoriales. Para ambas, “el desafío consiste en la definición de estrategias que las vuelvan más atractivas como espacios de inversiones, más equilibradas ambientalmente pero sobre todo más justas, amables y equitativas para con sus ciudadanos”.

Paola Bagnera, Sebastián Inglese, Raul Tonini y nuevamente Mariana Melhem abordan luego la cuestión de la vivienda social, desde las primeras experiencias en el marco de las acciones de las organizaciones católicas y la ley Cafferata a las experiencias de ciudad jardín del primer peronismo, los grandes conjuntos de la segunda mitad del siglo XX (entre los que destaca el legendario conjunto Centenario, de Baudizzone, Diaz, Erbin, Lestard, Varas) y los proyectos del Plan Federal. En sus conclusiones señalan como aspectos centrales (tanto para la evaluación de lo realizado como para el establecimiento de políticas a futuro) las cuestiones de la localización, la modalidad de crecimiento urbano y el abordaje del problema a partir de una lógica metropolitana.

Graciela Kosiak de Gesualdo y María Rosa Sanchez Rossi se ocupan, finalmente, del análisis de la conformación de mercado en un sistema potenciado y condicionado a la vez por la cercanía de otros aglomerados urbanos de gran importancia regional (Rafaela y la cuenca lechera del centro-oeste santafesino, Reconquista, el sistema de ciudades entrerriano y, sobre todo, la importancia de Rosario). Isabel Martínez de San Vicente concluye el libro con un análisis de los observatorios urbanísticos como herramientas para la gestión, destacando especialmente “el valor del monitoreo permanente y de la construcción de series cartográficas georeferenciadas para la comprensión de los procesos de construcción social del territorio”.
Variado en su abordaje temático, fundamentado en una sólida base teórica y amplio en la descripción del fenómeno metropolitano que constituye su objeto de estudio. la Agenda metropolitana Santa Fe - Paraná resulta bienvenida como aporte técnico a una necesaria redefinición de los mecanismos y lógicas de gestión de ese y otros sistemas metropolitanos argentinos.

Agenda Metropolitana Santa Fe-Paraná. Mirta Soijet (Compiladora). Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2011. 200 pgs. 25 x 17 cm. Precio $ 40. ISBN 978-987-657-644-4

De Artemio Abba, ver sus informes trimestrales sobre gobernabilidad metropolitana de Buenos Aires y su libro Metrópolis Argentinas, editado por café de las ciudades.

Sobre Santa Fe, ver también en café de las ciudades:
Número 40 | Cultura de las ciudades (II) El territorio como instrumento de la filosofía | La Grande, de Saer, entre la mirada y el conocimiento. | Marcelo Corti
Número 42 | Arquitectura de las ciudades Del espacio público a lo público en la ciudad escindida | Desplazamientos epistemológicos y conflictos arquitectónicos. | Julio Arroyo

Sobre ciudades intermedias:

Número 72 | Planes de las ciudades (I)
Planeamiento urbano de ciudades intermedias en la Argentina | Apuntes del encuentro en Goya, Corrientes | Marcelo Corti
Sobre sistemas de ciudades argentinas:
Número 66 | Planes y Política de las Ciudades (II) El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada | La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública | Marcelo Corti
número 58 | Economía de las ciudades El "desorden" urbano, según FIEL | Los problemas locales de la calidad de vida y el crecimiento en las ciudades argentinas | Marcelo Corti |

QUITO


Es interesante echar un vistazo al artículo del Café de las Ciudades de hoy 5/6/2012

Quito en lo alto
La renovación de un centro histórico y popular I Por Marcelo Corti

 café de las ciudades 


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Editor y Director: Marcelo Corti. Diseño: Laura I. Corti Corresponsal en Córdoba: Carola Inés Posic
Corresponsal en Buenos Aires: Mario L. Tercco

En esta sección del café, los parroquianos nos cuentan en plan informal sus impresiones sobre las ciudades que han conocido. Los relatos están exentos de requisitos académicos y convenciones profesionales (pero no de sentido del humor y espíritu crítico).
A Fernando Carrión Mena y Jaime Fabián Erazo Espinosa, con el mayor agradecimiento.

Además de una aleccionadora agitación para los que venimos de las llanuras, la subida al Pichincha brinda una precisa imagen del mapa social quiteño. Distribuida la ciudad sobre el valle, sobresale el pequeño cerro conocido Panecillo de Azúcar. A nivel de las calles de la ciudad es una referencia topográfica y un mirador del centro histórico; desde lo alto resulta ser una especie de diafragma urbano que regula el pasaje entre el norte rico y el sur pobre. La segregación de las ciudades latinoamericanas queda en evidencia, así como las múltiples “virtudes” de la topografía, que en algún caso presenta los contrastes (Medellín, Caracas, Río de Janeiro) pero en Quito contribuye a ocultarlos piadosa (o discreta)mente.


De las remodelaciones de centros históricos latinoamericanos se ha dicho muchas veces que son excusa para su elitización, gentrificación, banalización, disneylandización y todas las “aciones” malignas que se puedan realizar sobre un sector de ciudad para joder la vida de sus residentes más pobres. Ignorante del caso quiteño, esperaba encontrar algo así, con profusión de hoteles boutique, personajes disfrazados de autóctonos promocionando restaurants “very tipical” y turistas en camisas hawaianas comprando capital simbólico. Me sorprende gratamente comprobar todo lo contrario: el centro es vital, popular, cotidiano. No quiero usar la palabra “auténtico”, una trampa de la lengua cuando se la usa para definir cuestiones urbanas, pero claramente estamos en un lugar que usan y definen sus lugareños.


En una calle que bordea una quebrada abundan los restaurantes y los bares. Imaginamos que La Ronda es el lugar de los turistas y, solo para comprobarlo y criticarlo, nos damos una vuelta por la noche. La expectativa era falsa: allí también predomina la población local, que se divierte entre canciones y tragos.


Un enorme edificio alberga a los comerciantes callejeros que fueron retirados de las calles para permitir la operación del centro histórico. Con algo de shopping-mall, algo del Gran Bazaar de Estambul y un poco de La Salada bonaerense, el mercado de los informales tiene todo lo necesario para andar por la vida, a precios ideales para bolsillos modestos. Se intuye que este edificio explica buena parte del éxito de la operación central.


“Dios no muere”, reza una inscripción en la recova del Palacio de Gobierno. Fue la última frase del presidente Gabriel García Moreno, asesinado allí en 1875 por militantes liberales. Las iglesias dominan el paisaje y hablan de una tradición clerical. Por las calles, los policías y los mismos paseantes nos advierten a los turistas más evidentes que más allá de tal esquina o pasando tal límite o subiendo determinada cuesta empiezan “las zonas peligrosas”. Dan ganas a veces de preguntarle al policía comedido por qué no va entonces a apostarse en esa zona que parece necesitar sus oficios más que la que está cuidando, pero es más sencillo agradecer el dato y restringirse a “lo seguro”.


La ciudad como un relato visual para el caminante. La recorrida por el Centro Histórico parece un viaje 3D por el “Townscape” de Gordon Cullen: todos los recursos de obturación, descubrimiento, secuencia, sorpresa, distanciamiento, proximidad, cambio de escalas, sensaciones táctiles, “peligros” amables, foco, contraste, etc., etc., etc. Entre las calles estrechas, el BRT se acomoda con esfuerzo e ingenio, y en el volvemos a nuestro hotel después de reponer fuerzas con un poderoso exprimido de las mejores frutas de “la mitad del mundo”.
El centro de las finanzas y las clases adineradas parece haberse desplazado hacia el norte, hacia La Mariscal, La Carolina y más allá. Pero el Centro Histórico de Quito continúa siendo el corazón popular de la ciudad, el concentrador de los atributos materiales y simbólicos que definen el carácter de un centro. La operación renovadora, al menos en el ligero análisis de un caminante ocasional, puede en ese sentido ser considerada exitosa en términos urbanos tanto como sociales.
MC
Sobre el Centro Histórico de Quito, ver los siguientes documentos:
La renovación urbana en Quito, de Fernando Carrión Mena, sobre el cual se asentó todo el proceso renovador de la ciudad;
El Plan Maestro para las Áreas Históricas de Quito, en particular el Diagnóstico del Centro Histórico y Planes Parciales de Áreas Históricas.
Damero, libro de 2007 de Alfonso Ortíz Crespo, apoyado por el Fondo de Salvamento (FONSAL) del Distrito Metropolitano de Quito; compila “el encanto de los planos de Quito”, desde su fundación hasta la actualidad.
Ver también el premio otorgado en 2009 al Centro Histórico de Quito como Buena Práctica Urbana Histórica en el Concurso ByMPUs 2009 de café de las ciudades.
Sobre centros históricos latinoamericanos, ver también en café de las ciudades:
Número 105 | Cultura de las ciudades Veracruz, del centro histórico a la dispersión | Fragmentos de Ciudad para Armar (IV) | María Berns
Número 93 | Planes y Proyectos de las ciudades (I) El Centro Histórico de México hoy | Un espacio democrático de diversidad cultural, identidad e innovación | Inti Muñoz Santini
Número 26 | Proyectos de las ciudades (I) Programa Area Central de la Ciudad de Buenos Aires | El desafío de reinventar el Centro. | Rafael Serrano y Sara Ciocca

sábado, 18 de febrero de 2012

INFORME VIVIENDA SOCIAL WACH 2012


LA VIVIENDA INDIGNA SE PROPAGA POR EL MUNDO
Fuente: Informe de Social Watch 2012: http://bit.ly/sEpkxf

A pesar de los compromisos internacionales,

1.600 millones de personas de todo el mundo viven en condiciones de vivienda deficientes, y 828 millones carecen de servicios adecuados de agua y saneamiento en el Sur en desarrollo.

En su aporte al Informe de Social Watch 2012, expertos advirtieron que los problemas se agravan por las desigualdades dentro y fuera de los países, las privatizaciones, la desaparición de propiedades comunales, las migraciones, los desalojos forzados, la especulación sobre la tierra y el cambio climático.  

Sesenta millones de personas marginadas se sumaron desde 2000 a la población urbana mundial, y la de los barrios miserables aumenta 10% cada año,

según estadísticas de la ONU citadas en el capítulo del Informe titulado “Vivienda, tierra y desarrollo sustentable”, elaborado por Miloon Kothari, ex relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, y Shivani Chaudhry, director asociado de la Red de Vivienda y Derechos a la Tierra de India.
“En el peor de los casos, los habitantes de barrios miserables habrá aumentado de 1.000 en 2005 a 1.600 millones en 2020”, advirtieron los expertos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que
más de 35% de la población mundial carece de servicio adecuado de saneamiento, de los cuales 70% viven en áreas rurales.

Uno de los factores que inciden en la situación, según Kothari y Chaudhry, es el rumbo de la globalización económica. A pesar de que surgen “fuentes de riqueza nuevas y sin precedentes”, sostuvieron,

 “las desigualdades en los ingresos y las oportunidades entre y dentro de las naciones” elevaron la cantidad de personas “que viven en condiciones inadecuadas”, observaron.
“La privatización de servicios básicos” y “la incapacidad de los gobiernos” para asegurar el acceso al agua y la vivienda impacta “desproporcionadamente sobre los sectores más pobres y vulnerables”, explicaron los expertos.

También “la especulación en espiral sobre la tierra y la propiedad” contribuye “al desplazamiento de los pobres” en áreas urbanas y rurales, agregaron.

Las ciudades, al competir por capitales de inversión, permitieron la ampliación de las desigualdades, lo que causa “segregación residencial” y “polariza aun más la sociedad”, en “una nueva forma de apartheid”.

“En las áreas rurales, la creciente sed de minerales y energía ha llevado a la toma de tierra sin precedentes para megaproyectos de desarrollo y extracción, amenazando severamente los medios de vida y la seguridad alimentaria”, agrega el capítulo del Informe de Social Watch.
Al mismo tiempo, los Estados desconocen “la importancia de los recursos de propiedad común en las zonas urbanas y rurales” y “los derechos basados en la propiedad colectiva y comunitaria”, lo cual destruye viviendas, medios de vida y la cultura de indígenas y otras comunidades locales, sostuvieron Kothari y Chaudhry.
“La falta de inversión” en estos campos fuerza una emigración “a una escala sin precedentes” de personas que “terminan viviendo en condiciones precarias o inadecuadas”, especialmente por el “poco o ningún acceso a servicios básicos como agua y saneamiento”. Al mismo tiempo,

crecen en “proporciones alarmantes” los desalojos forzados “en nombre del ‘desarrollo’”, por proyectos de renovación y embellecimiento urbano, de infraestructura (minería, carreteras, puertos y represas), por “la adquisición de tierras agrícolas para la industria”, y

por los conflictos armados, añadieron los expertos.
“A nivel mundial, las políticas de reasentamiento de desalojados son inexistentes o no se basan en normas de derechos humanos”, advirtieron.

Incide, además, el impacto del cambio climático y de las medidas para mitigarlo o adaptarse al fenómeno, indica el estudio. “Los más afectados” ya por el fenómeno “son los pobres de los países ‘menos adelantados’, de las regiones áridas, semiáridas y árticas, y de las pequeñas islas-Estado, donde se prevé “un amplio desplazamiento y reubicación forzosa de comunidades vulnerables”.
Un cambio de enfoque necesario
Mientras estos problemas recrudecen, la sociedad civil de todo el mundo articula el principio del “derecho a la ciudad”, promueven “la tierra como un derecho humano” y resaltan “la necesidad de recuperar la función social de la propiedad”, agregaron los expertos. Este enfoque enfatiza en la “intextricabilidad de la totalidad de los derechos humanos” y en que el desconocimiento de los derechos a la vivienda adecuada y a la tierra “ha resultado en un ciclo de pobreza absoluta que impide el disfrute de diversos derechos humanos afines”, entre ellos los relativos a la alimentación, el agua y la salud “en el contexto del desarrollo sustentable”.
Descartar este enfoque derivará en “”más hambre, desposeimiento, falta de vivienda y de tierras, y en degradación ambiental”, con un impacto “especialmente grave para las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las comunidades costeras, los habitantes de los bosques, los pequeños agricultores, los trabajadores sin tierra y los pobres urbanos”, según el informe.
“Los derechos a la vivienda y la alimentación de los millones de habitantes de viviendas autoconstruidas que dependen de manera directa de los recursos naturales se ven amenazados por la falta de un medio ambiente seguro (libre de la contaminación del agua y del aire), y de recursos medioambientales (bosques, masas de agua), así como de medios de vida”, advirtieron.
Para eliminar la amenaza, es preciso
“asegurar el acceso a los recursos naturales y a los medios de subsistencia de las comunidades; el uso de tecnologías ‘verdes’ y la adhesión a los códigos de construcción ecológicos; edificación de viviendas resistentes a desastres; su ubicación en sitios seguros y cercanos a los lugares de trabajo, de educación y de salud” y el “uso de materiales indígenas y culturalmente apropiados”.

También se requerirá de “seguridad en el arrendamiento y protección contra la violencia y el desalojo” y “garantizar el consentimiento previo e informado de las poblaciones afectadas” por los proyectos de desarrollo, indicaron los expertos.
Casos nacionales
Los proyectos de planificación urbana de Serbia en zonas costeras del mar Adriático hoy habitadas por dos millones de personas permitirían el asentamiento de 17 millones, por lo que se prevé un “impacto enorme”. Las áreas urbanas también avanzan sobre tierras agrícolas. En las ciudades, romaníes y desplazados internos carecen de vivienda adecuada y de agua potable. En las áreas rurales, la degradación de la tierra contribuye a la pobreza. También en Croacia las tierras agrícolas son utilizadas para la construcción como parte de las políticas de planificación urbana.
Las viviendas deficientes en las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Tegucigalpa tuvieron un crecimiento explosivo por la migración desde áreas rurales. La población de barrios miserables en ambas creció de 900.000 personas en 1990 a 1.283.843 en 2010, las que viven en peligro por los materiales de mala calidad usados en la construcción “y la incidencia de fenómenos climatológicos que propician deslizamientos, inundaciones y destrucción”, indica el informe nacional.
Polonia carece de una política de viviendas para grupos de bajos ingresos. Casi un tercio de la población vive en hogares hacinados. Más de 60% de las viviendas necesitan importantes reformas y más de la mitad tienen más de 40 años de antigüedad. La mala calidad de las construcciones eleva el consumo familiar en energía para calefacción.
La acelerada urbanización de la República Centroafricana redujo la superficie cultivada para su utilización inmobiliaria, impulsó la construcción anárquica de viviendas, la concentración de contaminantes, la degradación de los suelos y la alteración del régimen hidrogeológico, la sabanización y la predesertificación. En algunos barrios de Bangui, la capital, hay electricidad solo cuatro días por semana y el acceso al agua potable es en extremo limitado.
En Malasia, se está inundando toda una zona de selva tropical para construir una enorme represa hidroeléctrica y al menos 15 comunidades han sido trasladadas. En Bangladesh, se prevé que el cambio climático, además de reducir la producción agrícola y la disponibilidad de agua potable, eleve el nivel de los mares y desplace a millones de personas, a menos que se fortalezcan los pólderes costeros existentes y se construyan otros.
En la capital de México, miles de personas protestaron en febrero de 2011 contra diversos megaproyectos que, según advirtieron, destruirán árboles y áreas verdes que dañarán irreparablemente los pulmones de la ciudad, construcciones en zonas protegidas y de alto valor ambiental y graves impactos en los acuíferos.
El uso de madera para construir contribuyó con la deforestación, con el consecuente agravamiento de las ya malas condiciones de vida de las comunidades locales, en Guatemala, Nigeria, Senegal y Tailandia. En Sri Lanka el fenómeno se vinculó con la reconstrucción de viviendas e infraestructura destruida por el tsunami de 2004.